Del 18 al 20 de septiembre, la Internacional Progresista (IP) celebrará su cumbre inaugural, convocando a miembros de todo el planeta. Como parte de la cumbre, la IP también discutirá la guerra legal de los derechos en America Latina, coorganizado por Wiphalas por el mundo, con Luis Arce, Andrés Arauz, Alicia Castro. Regìstrate aquí para la cumbre.

Internacional Progresista: ¿Cómo describiría la actual coyuntura en Ecuador?

Guillaume Long: La coyuntura actual en Ecuador gira en torno a si la democracia triunfará o perecerá a plena luz del día a manos de un gobierno cada vez más autoritario.

En realidad es fascinante pensar que la propia estética de este gobierno y el curso político que declaró se orientaba hacia la "democratización". Se trataba de la idea, promovida por las élites, de que Correa había dirigido al Ecuador durante 10 años bajo el dominio del populismo y con un "proyecto autoritario"; por lo tanto, después de 10 años de Correa era necesario "descorreizar" —deshacer el Estado de Correa y las instituciones correístas, e impulsar la democratización.

Pero lo que tenemos desde el final del gobierno de Correa en mayo de 2017 es un proyecto cada vez más autoritario. Lo llamamos "autoritarismo neoliberal" y transita en el lado opuesto a la democratización. Hoy el poder ejecutivo ejerce un control casi total sobre el sistema de justicia, lo que conduce a una enorme ola de persecución judicial o "guerra jurídica" contra la oposición, todo ello esencialmente encabezado por el gobierno.

El autoritarismo se está extendiendo de muchas formas diferentes. La represión de las protestas en las calles ha tomado proporciones sin precedentes. Si se piensa en las protestas de octubre de 2019, probablemente las más grandes de la historia contemporánea de Ecuador y ciertamente las más numerosas de mi generación, se encontraron con violaciones de los derechos humanos extremadamente represivas y brutales que Ecuador no había experimentado en décadas. Hubo once muertxs en las calles, alrededor de 1500 heridxs y más de 1200 detenidxs.

De modo que hay una verdadera invasión de prácticas autoritarias en todos los ámbitos, ya sea que se mire en términos de la ruptura en los controles y equilibrios institucionales, o en términos de la pura represión de las protestas y los derechos humanos; y ahora, por primera vez en décadas, de lxs prisionerxs políticxs. Algunas personas, incluidxs funcionarixs electxs, fueron detenidas y mantenidas durante meses en prisión preventiva por ideas que expresaron en redes sociales. Miembros de alto rango del movimiento de Correa fueron juzgadxs bajo cargos de "rebelión" por pedir la renuncia del presidente, lo cual es completamente legal y está contemplado en la Constitución. Después de las protestas de octubre hubo una ola de personas arrestadas, quienes habían sido elegidas pocos meses antes, incluyendo al prefecto de Pichincha, donde se encuentra Quito, la capital de Ecuador. La gobernadora de esa provincia, Paola Pabón, que pertenece al Movimiento Revolución Ciudadana, el cual es correísta, también fue detenida, acusada de rebelión y encarcelada durante varios meses. Actualmente se encuentra en libertad, pero el juicio sigue su curso.

Tenemos ahora políticxs pertenecientes a la oposición que están exiliadxs y se han convertido en solicitantes de asilo —incluso legisladorxs electxs, miembros de la Asamblea Nacional, quienes han tenido que huir de Ecuador. Esto tampoco había sucedido en décadas. Son personas que han tenido que marcharse de Ecuador por cosas que han dicho, por su papel en las protestas, por miedo a las represalias o por la seguridad de sus familias.

En esencia, esto significa que este autoritarismo neoliberal es en realidad un regreso de lo que en América Latina se entiende por "la guerra interna", una doctrina basada en la contrainsurgencia, en las amenazas internas a la seguridad nacional, en la represión de la izquierda y de lxs progresistas. Es un verdadero regreso al ambiente de la Guerra Fría.

IP: Existe una relación muy interesante entre "la guerra interna" que ocurre en Ecuador y la internacionalización de tácticas de guerra jurídica para erosionar las instituciones democráticas. ¿Cómo ve a Ecuador en el contexto de esta transformación global más amplia?

GL: Creo que este es un proyecto geopolítico regional que está siendo liderado por las elites latinoamericanas en alianza con ciertos sectores de los Estados Unidos. Es realmente sorprendente lo similar que se ha vuelto la situación en países latinoamericanos muy distintos.

Esto sucede luego de una fase progresista en la historia de América Latina. Hubo un número importante de estados que buscaban una relación diferente con el mundo y con los Estados Unidos, querían un modelo de desarrollo distinto, una economía diferente, con un mayor papel del Estado, regulación estatal, inversión pública, y por supuesto, un gran énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y esto permitió que noventa millones de personas salieran de la pobreza entre los años 2000 y 2012.

Ahora se abre una nueva fase en la historia de América Latina, marcada por el regreso de un régimen conservador, en particular desde el declive de los mercados de productos básicos en 2014-2015. También hubo cierta fatiga política acompañada de los problemas económicos. Sin duda, en el caso de Ecuador, los años 2015-2016 fueron muy malos en términos de crecimiento, pero no hubo un aumento de la pobreza o de la desigualdad. Y de hecho, la pobreza siguió disminuyendo, aunque a un ritmo mucho más lento, a pesar del impacto externo. Sin embargo, fue un momento difícil en América Latina, y significó que por varios medios la derecha regresara al poder.

En algunos casos fue mediante elecciones, como en Argentina, en otros a través de golpes de Estado. En realidad comenzaron antes con Honduras y Paraguay, después en Brasil y en forma muy brutal en Bolivia. En otros casos, como en Ecuador, fue a través de un mecanismo totalmente diferente: hacer que el sucesor, victorioso en la perspectiva de continuar la Revolución Ciudadana, cambiara de tono y se convirtiera en una especie de Caballo de Troya —una traición política en el sentido shakesperiano, dando un giro de 180 grados a la derecha.

Así, la derecha llegó al poder de diversas maneras en los distintos países, pero luego orquestó un programa similar, tanto en el frente económico —el regreso de los programas neoliberales de ajuste estructural del FMI y las políticas de austeridad— como en el frente político y judicial, para la persecución política.

La izquierda está siendo perseguida en los países donde la derecha logró volver al poder y se la hostiga de maneras muy similares en toda la región. La idea es asegurarse de que lxs líderes históricxs de la izquierda no puedan volver al poder. Así, en el caso de Brasil, Lula estuvo en la cárcel porque podría haber ganado las elecciones contra Bolsonaro y en el caso de Ecuador, Correa está fuera del país porque de lo contrario su popularidad haría mucho daño al nuevo pacto de la élite que está gobernando Ecuador y ayudaría a lxs progresistas a volver al poder.

Del mismo modo, si examinamos el caso judicial contra Correa, que se basa en un cuaderno falsificado, encontraremos también el caso de un cuaderno muy sospechoso en Argentina. Exactamente con la misma técnica: recibir sumas de dinero, y pruebas muy dudosas, pero existe un fenómeno de “copiar-pegar” tanto en Argentina como en Ecuador. Entre Ecuador y Bolivia: los intentos de bloquear al MAS para que no se presente a las próximas elecciones en Bolivia son muy similares a los intentos de bloquear la existencia del partido y, obviamente, que no se presente a las próximas elecciones en febrero de 2021 en Ecuador. Los intentos de bloquear a Luis Arce, el candidato en Bolivia, son muy similares a los intentos de bloquear a Correa en Ecuador. La sentencia que se le impuso a Correa en abril lo condena a ocho años de prisión, pero lo más importante es que le impide ejercer sus derechos políticos durante 25 años, lo que básicamente lo excluye de ser candidato en la política ecuatoriana durante ese período.

Creo que cuando se le da una oportunidad a la democracia, la probabilidad es que se elegirán gobiernos progresistas. Argentina es un claro ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque una cosa es querer un cambio y votar por la derecha después de 10-15 años de gobierno progresista. Pero cuando el neoliberalismo es aplicado por esos gobiernos de derecha prometiendo un cambio de forma tan agresiva mediante préstamos y condicionantes del FMI, la gente se da cuenta de que no es el tipo de cambio que querían.

El pueblo tiene un recuerdo muy vivo de lo que significaba la gobernanza progresista: el regreso de la soberanía, la reducción de la pobreza y la desigualdad, las grandes obras de infraestructura que tenían un impacto real en el empleo y la economía; pero también en derechos como la construcción de escuelas, hospitales y carreteras en algunas de las zonas más abandonadas del país. En el caso de Ecuador, las centrales hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, infraestructuras para la competitividad sistémica que de hecho tuvo un efecto virtuoso sobre la inversión y la actividad privada, todo eso está vivo en la memoria de la gente. Así que, cuando la austeridad vuelve a cobrar importancia, es poco probable que sea reelegida.

Si la democracia hubiera tenido una oportunidad en Brasil después de los dos años de Temer, Lula habría sido elegido. Si se le da una oportunidad a la democracia después del desastroso año de Áñez, creo que veremos electo al MAS. Las últimas encuestas confirman que si se le diera una oportunidad a la democracia en Ecuador y Correa fuera el candidato, sin duda ganaría. Y lxs candidatxs elegidxs del partido de Correa tienen muchas probabilidades de ganar, no sólo a nivel presidencial, sino también a nivel parlamentario, donde es probable que el partido de Correa tenga al menos el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional.

Todo esto es muy aterrador para las élites, que han ido muy lejos y han superado muchos límites en términos de tratar de reprimir a las fuerzas progresistas, a Correa, y a lxs correístas en Ecuador. Y porque han cruzado demasiadas líneas rojas, es muy difícil para ellxs volver a ser gente amable y regresar al redil democrático e institucional. Por lo tanto, están yendo aún más lejos. Hay un buen término francés para eso, "fuite en avant", es decir, paradójicamente huyen del problema pero en la dirección del problema; en este caso, yendo aún más allá de la línea del autoritarismo para evitar este regreso, porque están muy preocupadxs por lo que podría implicar ese regreso.

Por lo tanto, en este momento existen muchos paralelos y muchas similitudes entre los proyectos autoritarios de la derecha en América Latina.

IP: Volvamos por un segundo al caso ecuatoriano. Muchxs miembros del Consejo de la Internacional Progresista le enviaron una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica, instando a tomar medidas sobre el caso de Ecuador y la maniobra fundamentalmente ilegal de las autoridades electorales al negarse a inscribir a Fuerza Compromiso Social, el partido de Rafael Correa. ¿Dónde estamos ahora en la lucha, o la batalla, por unas elecciones libres y justas?

GL: El gobierno y sus aliadxs han desarrollado dos estrategias para bloquear la posible victoria del partido de Correa y sus seguidorxs en las próximas elecciones de febrero.

La primera es bloquear al propio Correa, porque les preocupan los efectos políticos de la presencia física de Correa en suelo ecuatoriano, y con inmunidad, porque como candidato en Ecuador, tan pronto como su candidatura sea aceptada y registrada tiene inmunidad hasta después de las elecciones. Esto significa que Correa podría estar en Ecuador haciendo campaña, y es un tremendo activista, y eso lo saben bien porque perdieron todas las elecciones en su contra durante 10 años. Así que no lo quieren en Ecuador. La forma en que le han impedido estar físicamente presente en Ecuador y lo han condenado a realizar su activismo político en redes sociales, porque ni siquiera los medios de comunicación le dan espacio, es imponiéndole una sentencia que le impide presentarse y lo mantiene fuera del país.

Ahora, en Ecuador es muy difícil enjuiciar a alguien in absentia. Abrieron más de 30 investigaciones criminales contra Correa; 25 siguen en curso. Pero la mayoría de estas investigaciones criminales no condujeron a casos judiciales que pudieran ser juzgados in absentia, y si no puede ser juzgado in absentia y no hay una sentencia de culpabilidad, entonces ¿no pueden impedir que Correa se postule? Así que, finalmente encontraron un caso muy específico de soborno que puede ser juzgado in absentia. Lo siguieron hasta el final y en abril de este año finalmente se obtuvo una sentencia condenatoria contra Correa —y esto se basa en el testimonio de una de sus asesoras que afirmó haber recibido dinero de varias personas del mundo empresarial con el conocimiento de Correa.

Esto nos lleva al cuaderno y a cómo estaba escrito en tiempo presente: "Hoy recibí tal o cual suma de tal o cual persona", hasta el centavo exacto, y luego en otra columna dice "dinero entregado", como si se comprobara que el dinero fue "entregado" o "traspasado". Un diario, en tiempo real, escrito en tiempo presente, contabilidad en tiempo real y un cuaderno en tiempo real. Pero luego se reveló que este cuaderno fue realmente impreso cuatro años después de los supuestos "hechos". Por lo que la ex asesora de Correa, Pamela Martínez, tuvo que decir, "Oh no, escribí el cuaderno de memoria y por impulso". Lo cual, por supuesto, realmente deslegitimó el documento. Sin embargo, fue aceptado bajo una enorme presión por parte de la corte, de lxs jueces, y fue la base de esta sentencia de culpabilidad que conlleva ocho años de prisión y 25 años de suspensión de los derechos políticos de Correa.

Ahora, el problema, desde el punto de vista del gobierno y de la alianza anticorreísta, es que la única forma de bloquearlo para que no sea candidato, podrá ocurrir cuando la sentencia sea confirmada o se hayan agotado todas las apelaciones. Y ahora mismo la defensa de Correa obviamente ha apelado esta sentencia y el registro de su candidatura es el 18 de septiembre, y si los recursos de apelación no se han agotado para el 18 de septiembre, se presumirá que Correa es inocente y puede postularse como candidato. Así que hay una verdadera carrera contra el tiempo para que estos procesos de apelación se cierren antes del 18 de septiembre.

En circunstancias normales, sin que el poder judicial se vea presionado por el gobierno de Moreno y sus aliadxs, el proceso de apelación podría tardar meses, o incluso años, en agotarse. Pero en este caso, fue increíblemente rápido. Con la pandemia se han retrasado y pospuesto todos los casos judiciales en Ecuador. El poder judicial básicamente dejó de funcionar, pero la única excepción es el caso de Correa, que avanza a una velocidad que bate récords anteriores de agilidad en la gestión de la justicia ecuatoriana. De modo que esa es una de las formas en que están tratando de bloquearlo, y ya veremos si lo logran antes del 18 de septiembre o si hay unx juezx honestx que diga: "No, no acepto esto". Las élites están cada vez más divididas con respecto a este asunto. No hay unanimidad sobre la persecución a Correa porque existe una pequeña fracción de la derecha política en Ecuador que dice que las elecciones no serían legítimas, no serían creíbles sin Correa, el correísmo, o el partido de Correa, y aunque sean nuestrxs muchachxs de la derecha lxs que ganen, el próximo gobierno enfrentará la inestabilidad política, protestas, la falta de una verdadera fuerza política y la carencia de una verdadera legitimidad internacional.

En cuanto al partido, es aún más complicado porque hasta 2017 Correa tenía su propio partido, llamado Alianza País. Era el partido más exitoso en la historia contemporánea de Ecuador; había ganado elecciones presidenciales, parlamentarias y también referendos. De hecho, en el último período presidencial de Correa, el partido contaba con más de dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional y era tan poderoso que incluso tuvo la capacidad de reformar la constitución. Pero en noviembre de 2017, unos meses después de que Moreno fue elegido, se dio cuenta de que el partido se iba a convertir rápidamente en una gran amenaza para él, que iba a convertirse en un partido de la oposición a pesar de que el propio Moreno era miembro de ese partido. El partido comenzó a protestar contra las reformas neoliberales de Moreno. Moreno se las arregló para obtener otra sentencia favorable, que básicamente le entregó el control del partido, lo que significa que el partido se ha convertido en una pequeña facción marginal. El grueso de lxs miembros de Alianza País abandonaron el barco, y sus votantes dejaron de votar por el partido, ya que estaba asociado con Correa y obviamente no con Moreno, percibido como un traidor.

Moreno no es un hombre fuerte. Es un hombre de transición que no será candidato en las próximas elecciones. Tiene los más bajos índices de popularidad y aprobación en la historia de la democracia ecuatoriana desde 1979, compite con los índices de credibilidad de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. Una encuesta realizada hace unas semanas le dio a Moreno un 8 por ciento de credibilidad. Moreno sabía que no podría tener un partido fuerte propio, pero lo que buscaba era que Correa no tuviera partido. Quería que lxs correístas no tuvieran un instrumento fuerte en su contra. Y en eso tuvo éxito. Le prohibió a Correa tener un partido y desde noviembre de 2017, Correa y sus seguidorxs han intentado crear un nuevo partido.

Pero esto ha sido sistemáticamente negado por las autoridades electorales controladas por Moreno. Y así, finalmente, en 2019 el correísmo, el mayor movimiento, facción, fuerza política en Ecuador, —correísmo— que no tenía partido, logró hacer un trato con un partido político previamente existente, y así el partido llamado Fuerza Compromiso Social se utilizó como plataforma para el correísmo. Y lxs partidarixs de Correa se presentaron a las elecciones municipales locales en esa plataforma en el año 2019 y lo hicieron muy bien. Entonces, de repente, Correa tiene un partido político —no es su partido político, es un partido que existía desde antes— pero aun así: tenía un partido político, podía postularse, podía haber candidatos correístas.

Bueno, a partir de julio, las autoridades electorales han prohibido ese partido político, lo que es realmente increíble. No es un autoritarismo muy sutil. No es una guerra jurídica sutil. Es algo muy agresivo. Suprimieron el partido de Correa, el partido que Correa creó, luego le prohibieron tener un partido nuevo, y cuando logró hacer un trato —estando realmente contra las cuerdas para hacer un trato con un partido preexistente— se deshicieron de ese partido preexistente, fueron excluidos del registro electoral. Este fallo está pendiente de apelación, pero a todos los efectos, la operación resultó exitosa, ya que lxs partidarixs de Correa tuvieron que llegar a un acuerdo con otro partido más para poder presentar una candidatura a tiempo y presentarse a las elecciones de febrero de 2021. Ir a las elecciones en estas circunstancias, con ese nivel de persecución, es extremadamente debilitante, confuso para lxs votantes, desordenado, incómodo, y el gobierno de Moreno y su pacto con la élite lo saben y ha sido su estrategia desde el principio.

Aquí es donde la comunidad internacional debe desempeñar su papel más importante: denunciar al gobierno de Moreno por no celebrar elecciones libres y justas, por perseguir a la oposición, por bloquear candidatxs y por intentar prohibir a la mayor fuerza política participar en las próximas elecciones. Pero, en América Latina la dura derecha neomacartista está en el poder en tantos lugares que no ha habido reacción regional. La ONU permanece inamovible y el sistema interamericano de derechos humanos, que respondió a los abusos de los derechos humanos después de las protestas de octubre de 2019, hasta ahora no ha reaccionado ante la violación de los derechos políticos en Ecuador.

Entonces, este es el siguiente paso: hacer que Moreno y su gobierno rindan cuentas a nivel internacional y aumentar la presión para que se puedan celebrar elecciones libres y justas en febrero.

Foto: Jcabezasaguilar